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No pocos dirigentes del oficialismo creen que la del jueves en la Cámara de Diputados, fue un sesión bisagra. Y que de ahora en más habrá que empezar a tejer y destejer acuerdos para sobrellevar la segunda parte del año.
La polémica sanción de la ley de emergencia administrativa, que ocasionó disturbios fuera de la Legislatura y un inocultable clima de tensión puertas adentro, acaso haya sido el último eslabón del pacto de gobernabilidad que sellaron María Eugenia Vidal y el Frente Renovador. Por lo menos, así se sospecha en Cambiemos.
La tropa de Sergio Massa ha cumplido un rol decisivo para que el gobierno del PRO tuviera las herramientas que reclamaba. Aportó número y apoyo. Incluso pagó el costo de respaldar una emergencia que es rechazada por buena parte de los gremios estatales y que generó fisuras internas reveladas por la ausencia de los diputados de extracción sindical. Pudo haber sido la última gran contribución de los renovadores al gobierno provincial.
Hay quienes creen que empezaron a soplar nuevos vientos para el entramado que necesita Vidal para desarrollar su gestión. Massa aparece cada vez más enfrentado al presidente Mauricio Macri. El trámite parlamentario de la ley antidespidos lo distanció fuerte del PRO. Pocos apuestan a que esa etapa de acelerada diferenciación no vaya a tener consecuencias en la Provincia.
La sanción de la emergencia administrativa y sus controvertidos artículos que permitirán contratar personal al gobierno por fuera de la ley de empleo público, dejó heridas que ahora Cambiemos intentará suturar. Especialmente con dos de las vertientes en las que se terminó dividiendo el peronismo-kirchnerismo tras la derrota electoral, y con las que parecía encontrar puntos de contacto imposibles de sostener con La Cámpora.
La norma terminó abroquelando al PJ alrededor de un cerrado rechazo a la ley, un lujo que Vidal no está en condiciones de darse.
Por estas horas, se registran llamados telefónicos con intendentes y legisladores peronistas en procura de aplacar los ánimos. Los mimos van en dirección hacia los sectores no camporistas cuyos votos codicia Cambiemos, más aún en medio de la incertidumbre sobre cómo seguirá la relación con el massismo.
UN NOMBRE VETADO
La sesión en Diputados dejó otras secuelas, con aspectos similares a lo que ocurrió con el debate del Presupuesto. En aquél entonces, el PRO le había hecho la cruz al camporista José Ottavis. Ahora el caído en desgracia es Walter Abarca, el presidente de uno de los bloques dialoguistas del peronismo.
“Se pasó de rosca con las barbaridades que dijo”, dicen cerca del gobierno provincial donde ya lo descartan como interlocutor de esa bancada dialoguista cercana a los deseos de varios intendentes peronistas. Lo acusan, además, de agitar el clima, de por sí pesado, que se respiraba en la sesión. “Recibe órdenes de Máximo Kirchner”, bramaban en el oficialismo.
Abarca fue, en efecto, uno de los diputados más críticos a la emergencia administrativa. Advirtió por caso, que los asesores que podrán contratar los ministros de Vidal terminarán ganando sueldos similares a sus empleadores, esto es, cerca de 55 mil pesos. Y alzó la voz para alertar que el cese de esos contratos podría terminar arrastrando a los que se suscribieron bajo la ley 10.430 de empleo administrativo, que suman unos 16 mil.
En la Provincia lo niegan, pero Abarca lanzó esa advertencia en consonancia con la postura de los sindicatos que rechazan de plano la nueva herramienta de la que ya dispone Vidal.
Hay otras cuestiones dando vueltas en el horizonte. Se habla de que el gobierno bonaerense estaría dispuesto a flexibilizar la promocionada ley que limita la reelección de intendentes.
Hay un acuerdo para avanzar con esa normativa entre Cambiemos y el Frente Renovador, un compromiso que contribuyó a romper las últimas resistencias del massimo a la ley de emergencia. Pero por estas horas, se estaría abriendo una puerta para no dejar fuera de la discusión al peronismo.
En el PRO estarían dispuestos a hacerle un gesto al PJ en relación a esa ley: si hay intendentes peronistas que lo piden, el oficialismo podría estirar los plazos de aplicación del límite a las reelecciones.
El proyecto establece que los alcaldes podrán ser reelectos sólo por un nuevo período. Hasta ahí hay consenso. La cuestión es que el massismo quiere que el actual sea tomado como primer mandato, de tal forma que un intendente en funciones podrá ir por la reelección en 2019 pero no en 2023.
En el oficialismo estarían dispuestos a tomar como primer período el que empieza en 2019, si es que el peronismo -con quien busca reconstruir el diálogo maltrecho tras la votación de la emergencia- hace un planteo en ese sentido.
“Queremos sacar esa ley con el mayor consenso posible”, dicen en Cambiemos. Habría, además, disposición para darle más “juego” legislativo a los dos bloques dialoguistas del peronismo. Por caso, dejar pasar algunos pedidos de informes al Ejecutivo que vienen quedando bloqueados en el trámite parlamentario.
Esos gestos hay que leerlos además dentro del escenario que despunta para el próximo año electoral. Para el oficialismo, una oferta que muestre a un PJ dividido, es leído como ganancia pura. Por eso no gustó que la ley de emergencia terminara juntando a las tres vertientes que cohabitan en Diputados.
El PRO se reserva un as bajo la manga para cuando llegue, antes de fin de año, un momento crítico: el de juntar los dos tercios de los votos para aprobar el endeudamiento que reclamará Vidal para hacer obras en 2017.
Allí deberá cerrar tanto con el massismo como con parte del peronismo. En ese esquema se dibuja la situación de la Defensoría del Pueblo, hoy en manos del radical Marcelo Honores.
Ya hay un esquema delineado para salir de ese brete parlamentario. Un grupo de intendentes peronistas reclama para sí ese organismo. Massa, en tanto, podría quedarse con el segundo peldaño en importancia de esa estructura.
En el gobierno del PRO están dispuestos a acceder a ese esquema de reparto. Los nombres propuestos son los de los ex diputados Guido Lorenzino, empujado por el intendente Gabriel Katopodis, y de Walter Martello, aspiciado por los renovadores.
Esa carta está dispuesta a jugar Vidal para conseguir, acaso, la última gran apuesta legislativa del año.
Mientras tanto, la gestión bonaerense no está logrando mostrar avances concretos en un área por demás sensible y que está, junto con la marcha de la economía, al tope de las preocupaciones ciudadanas: la inseguridad. La promocionada reforma anunciada hace algunos meses aún no exhibe resultados contundentes. Hubieron compra de patrulleros y de chalecos, cambios estructurales en la fuerza y numerosos pases a retiro. Sin embargo, el delito no da tregua. Y los bonaerenses aguardan, como tantas otras veces, que los cambios que van y vienen en Seguridad les devuelvan la tranquilidad que anhelan recuperar.
(*) Periodista de la sección Política
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